España ha avanzado considerablemente en la protección de los ecosistemas marinos al ser el primer país de Europa en aprobar el Tratado sobre la Diversidad Biológica Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, denominado como el Tratado de Alta Mar. Este pacto internacional, registrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, proporciona una estructura legal sólida para salvaguardar la biodiversidad en las aguas internacionales, que constituyen alrededor de dos tercios de los océanos del mundo.
El principal objetivo del Tratado de Alta Mar es resguardar al menos el 30% de la zona de alta mar para el año 2030, siguiendo el compromiso mundial 30×30 establecido en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Hoy en día, se protege menos del 2% de estas regiones, enfatizando la relevancia y la urgencia de este tratado.
Este tratado cubre diversos aspectos esenciales para la preservación marina:
- Control de actividades humanas en alta mar: Define reglas para regular y monitorear actividades como la pesca, la minería en el fondo marino y el transporte por mar, con el objetivo de reducir su impacto ambiental.
- Establecimiento de áreas marinas protegidas: Facilita la creación de reservas marinas en regiones fuera de las jurisdicciones nacionales, contribuyendo a la conservación de ecosistemas frágiles y especies amenazadas.
- Repartición justa de beneficios: Introduce sistemas para asegurar que los beneficios obtenidos de la explotación de recursos genéticos marinos se distribuyan equitativamente entre las naciones, fomentando la justicia y la cooperación global.
La aprobación por parte de España reafirma su dedicatoria a la protección del entorno marino y al multilateralismo. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, resaltó la importancia de este tratado, declarando que «hoy nuestro país reafirma su compromiso con la agenda ambiental, el multilateralismo y un proyecto global que promueve la prosperidad de todos a través de la protección de los bienes públicos globales».
- Regulación de actividades humanas en alta mar: Establece normas para gestionar y supervisar actividades como la pesca, la minería submarina y el transporte marítimo, con el fin de minimizar su impacto ambiental.
- Creación de áreas marinas protegidas: Facilita la designación de reservas marinas en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales, lo que contribuirá a la preservación de ecosistemas vulnerables y especies en peligro.
- Distribución equitativa de beneficios: Implementa mecanismos para asegurar que los beneficios derivados de la explotación de recursos genéticos marinos se compartan de manera justa entre las naciones, promoviendo la equidad y la cooperación internacional.
La ratificación por parte de España refuerza su compromiso con la protección del medio ambiente marino y el multilateralismo. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, destacó la relevancia de este acuerdo, señalando que «hoy nuestro país reafirma su compromiso con la agenda ambiental, el multilateralismo y un proyecto global que promueve la prosperidad de todos a través de la protección de los bienes públicos globales».
Organizaciones ambientalistas han alabado la aprobación realizada por España. Colectivos como WWF, Greenpeace y Ecologistas en Acción han destacado el simbolismo y la relevancia de este avance, exhortando a otros países a seguir el ejemplo español para asegurar que el tratado entre en vigor rápidamente y avanzar hacia la protección efectiva de los mares.
El Tratado de Alta Mar representa un avance regulatorio en los aspectos ambientales contemplados en el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). Su puesta en marcha es fundamental para enfrentar problemas como la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático, que ponen en riesgo la salud de los océanos y, por ende, la biodiversidad y las comunidades humanas que dependen de estos recursos.
España ya ha mostrado su dedicación a la conservación marina a escala nacional, con un 21% de su superficie marina protegida. El propósito del gobierno es elevar esta proporción al 25% en el año en curso y lograr un 30% para 2030, en línea con los objetivos fijados en el tratado.
España ya ha demostrado su compromiso con la conservación marina a nivel nacional, con un 21% de su superficie marina bajo protección. El objetivo del gobierno es aumentar esta cifra al 25% en el presente año y alcanzar el 30% para 2030, en consonancia con las metas establecidas en el tratado.
La ratificación del Tratado de Alta Mar por parte de España no solo refuerza su liderazgo en la protección ambiental, sino que también envía una señal clara a la comunidad internacional sobre la importancia de la cooperación y el compromiso colectivo para salvaguardar los océanos, que son fundamentales para la vida en la Tierra.
Se espera que la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano, programada para junio en Niza, Francia, sea un punto de inflexión, donde más países se sumen a la ratificación del tratado. La vicepresidenta Aagesen expresó su confianza en que «Niza va a ser para la protección del océano lo que ha sido París para la lucha contra el cambio climático», subrayando la necesidad de que más naciones se unan a este esfuerzo global.
