En una jornada caracterizada por amplias discusiones entre diversas corrientes políticas, el Senado de la República dio luz verde por mayoría a un conjunto de cambios en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las enmiendas pretenden modernizar el marco regulatorio ante los retos del entorno digital actual, reforzar los derechos de los consumidores y asegurar una competencia más justa en los sectores de telecomunicaciones y medios.
Dentro de las modificaciones principales aprobadas, se hace explícito el reconocimiento del acceso a internet como un derecho esencial. Esto requiere que las autoridades generen condiciones que garanticen una conexión accesible, constante y de calidad para todos los ciudadanos, poniendo especial atención en las áreas rurales o de difícil acceso. Esta medida está en consonancia con los compromisos adquiridos en cuanto a inclusión digital y progreso social.
Las modificaciones también abordan temas de regulación más estricta para plataformas digitales que ofrecen servicios audiovisuales a través de internet. Si bien no se trata de una regulación directa de contenidos, se establecen lineamientos sobre transparencia en algoritmos de recomendación, publicidad dirigida y mecanismos de queja para los usuarios. Se busca así avanzar en la protección de derechos de consumidores digitales sin frenar la innovación tecnológica ni imponer cargas excesivas a los proveedores de servicios.
Uno de los temas más debatidos fue la modificación del concepto de “preponderancia” en el sector, que ahora incluye nuevas métricas sobre cuota de mercado y gestión de infraestructura, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Esto le permitiría al regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), implementar medidas asimétricas con mayor exactitud para prevenir abusos de poder de mercado y promover la competencia.
Asimismo, se incorpora una disposición que obliga a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones a cumplir con estándares mínimos de accesibilidad para personas con discapacidad. Esto incluye la incorporación de subtítulos, lenguaje de señas y descripciones auditivas en ciertos contenidos, así como interfaces adaptadas en plataformas digitales.
En el caso específico de la radiodifusión pública, se introducen mecanismos para garantizar su independencia editorial y sostenibilidad financiera. Se contempla la creación de un fondo especial que permitirá financiar contenidos culturales, educativos y de interés social, sin depender exclusivamente de recursos presupuestarios anuales ni de publicidad comercial.
Las reformas también hacen énfasis en la protección de datos personales en el contexto digital. Las empresas del sector deberán implementar políticas claras de manejo de información y ofrecer a los usuarios mecanismos efectivos para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO). De igual forma, se establecen límites a la retención de datos por parte de proveedores de servicios móviles y de internet.
Un progreso significativo es la incorporación de medidas para fomentar contenidos locales y reforzar la producción independiente. Las plataformas con una presencia importante en el mercado mexicano tendrán que asignar un porcentaje de su catálogo a obras producidas en el país o en colaboración con productoras nacionales, con la meta de promover la diversidad cultural y respaldar a la industria audiovisual local.
El dictamen fue respaldado por la mayoría de los grupos parlamentarios, aunque algunos legisladores expresaron reservas respecto a posibles efectos colaterales de ciertas disposiciones sobre la libertad de expresión o la viabilidad operativa de pequeñas empresas del sector. Sin embargo, el consenso general apuntó a la necesidad de actualizar la legislación ante un ecosistema digital que evoluciona a gran velocidad y cuya influencia en la vida pública es cada vez más determinante.
El informe será enviado a la Cámara de Diputados para su consideración y posible aprobación. Si se aprueba tal como está, representará una de las modificaciones más significativas en este campo desde que se promulgó la ley original en 2014, estableciendo un marco jurídico más alineado con los desafíos actuales de la convergencia tecnológica, la igualdad digital y la protección de derechos en el contexto informativo.
