El Tribunal de Apelaciones ha suspendido temporalmente la implementación de una orden judicial que obligaba al Registro Demográfico de Puerto Rico a permitir que personas no binarias pudieran marcar una “X” en la categoría de sexo de sus certificados de nacimiento. La medida, emitida por un tribunal de instancia, fue detenida en respuesta a un recurso legal presentado por el Departamento de Salud, lo cual deja en suspenso el reconocimiento oficial del marcador neutro hasta que se resuelva el proceso apelativo.
La orden judicial original buscaba garantizar el derecho de las personas no binarias a contar con documentos de identidad que reflejaran su identidad de género, en consonancia con principios de equidad y dignidad humana. Sin embargo, el recurso interpuesto por el Estado argumenta que el reconocimiento del marcador “X” excede las facultades administrativas actuales y plantea retos técnicos y legales que requieren mayor deliberación legislativa y operativa.
El Departamento de Salud sostiene que el sistema actual del Registro Demográfico está diseñado para funcionar con una clasificación binaria —masculino o femenino— y que cualquier cambio estructural implica modificaciones complejas tanto en los sistemas informáticos como en los marcos normativos. Adicionalmente, plantea que la inclusión de una tercera opción no ha sido considerada dentro del ordenamiento jurídico vigente, por lo que su aplicación podría generar inconsistencias en otros procesos administrativos y legales donde se utiliza la información del registro civil.
Por otro lado, grupos defensores de los derechos humanos junto con activistas a favor de la diversidad de género han expresado su descontento ante la resolución del tribunal de apelaciones, considerándola un paso atrás en el esfuerzo por lograr el reconocimiento e inclusión. Diferentes asociaciones sostienen que la prohibición de la opción de marcar “X” continúa con la exclusión sistemática de personas no binarias y restringe su acceso igualitario a servicios públicos, educación, salud y procesos legales.
En la demanda que dio origen al caso, la parte demandante alegó que la imposibilidad de reflejar su identidad de género en su certificado de nacimiento constituye una violación a derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la intimidad, a la dignidad y a la no discriminación. La determinación inicial del tribunal de instancia reconoció estos argumentos y ordenó al gobierno implementar las medidas necesarias para habilitar la opción de marcador neutro, considerando que el reconocimiento legal de identidades diversas es parte del respeto a los derechos humanos.
El procedimiento de apelación podría prolongarse por varios meses, mientras se analizan los argumentos de las dos partes. En este tiempo, las personas no binarias que habían pedido la modificación de sus documentos tendrán que aguardar una decisión definitiva que determine si podrán ejercer ese derecho según el marco administrativo del Gobierno.
En otras jurisdicciones de Estados Unidos, la opción del marcador “X” ha sido implementada gradualmente en certificados de nacimiento, pasaportes y licencias de conducir. Sin embargo, el ritmo de adopción y los criterios para su aplicación varían según el estado o territorio. La discusión en Puerto Rico forma parte de un debate más amplio en torno a la inclusión legal y el reconocimiento de la diversidad de género en documentos oficiales.
La controversia no solo tiene implicaciones legales, sino también sociales y culturales, al evidenciar las tensiones entre estructuras institucionales tradicionales y los cambios que exige una sociedad más diversa. Voces del ámbito académico y legal han señalado que, más allá de una cuestión técnica, el debate refleja la necesidad de reformular políticas públicas que respondan a realidades contemporáneas y garanticen la protección efectiva de todas las identidades.
El fallo definitivo del Tribunal de Apelaciones podría establecer un precedente relevante sobre la manera en que el sistema legal del país trata el reconocimiento de personas no binarias y cómo se compaginan los derechos individuales con las estructuras administrativas del Estado. Por otro lado, el caso sigue generando un gran interés público y se ha convertido en un asunto clave en la agenda de derechos civiles en la isla.
